2023: más regulación, nuevas cargas
Revista anual Vitartis 2023
La ya de por sí hiperregulada cadena alimentaria se enfrenta en 2023 a la entrada en vigor de cargas impositivas y de burocratización adicionales, en un contexto tan complejo como el periodo actual.
Además de las dificultades intrínsecas a las que se enfrentan sus empresas (productores, transformadores y comercializadores), con inflación en alza, costes energéticos disparados y países terceros arañando cuota de mercado en la UE, deben extremar su atención sobre el debate político nacional, con el foco puesto en propuestas de bonificación de la cesta básica de la compra, más allá de la reducción del IVA en alimentos básicos regulado hasta el 30 de junio de 2023, frente a las actuaciones reguladas por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
La cadena alimentaria nacional afronta sus principales retos a largo plazo: transformación digital y transición energética, junto con el compromiso con la sostenibilidad. Y éste último marcado por los nuevos impuestos medioambientales, que pretenden desincentivar determinados comportamientos (por ejemplo, el endurecimiento de la fiscalidad de los sistemas de refrigeración a través de la modificación del impuesto de gases fluorados, con su correspondiente impacto en la estructura de costes de compañías de la cadena alimentaria y que no es una medida que se aplique de forma generalizada en la UE).
Las regulaciones normativas por venir deberían atemperar la marcada tendencia a la hiperregulación sectorial.
Y para ello deberían ajustarse los tiempos y plazos de aplicación, para acompasarlos a una realidad exigente en la que la garantía de unidad de mercado cobra sentido pleno.
Un impuesto más
Se espera la entrada en vigor de varios reales decretos, que supondrán un aumento de las cargas impositivas y la burocratización en la cadena alimentaria en 2023.
El primero de ellos, el RD 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, marca requerimientos que van más allá de los exigidos por la normativa europea.
Esta regulación normativa establece un impuesto de naturaleza indirecta, que además determina medidas a adoptar por productores, comercializadores y consumidores.
Según Fiab, el impacto del impuesto al plástico será de unos 690 millones para las empresas; y la responsabilidad ampliada del productor podría suponer una carga de 1.150 millones.
La garantía de unidad de mercado aplica, de forma extendida, al mercado europeo y, curiosamente, tanto en Italia como en Francia se han frenado iniciativas similares a la española.
Otras regulaciones normativas que aplicarán en este año se relacionan con los fitosanitarios. Por un lado, el RD 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el RD 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que determina exigencias reforzadas en materia de control de fitosanitarios (con obligatoriedad de notificación electrónica de tratamientos y productos utilizados por parcela y cultivo) y con el RD 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.
La última novedad normativa es el RD 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuadro digital de explotación agrícola, para desarrollar una planificación, ejecución y gestión eficiente de la PAC 2023-2027 y su plan estratégico.
Estas cargas impositivas y de burocratización adicionales supondrán una merma económica para la cadena alimentaria, que se encuentra inmersa en su transformación hacia la sostenibilidad, competitividad y digitalización, para la que la inversión es imprescindible y que observa con reservas la llegada de los fondos europeos necesarios para acometer esa transformación.
